Miguel García, portavoz de Ciudadanos en L’Hospitalet
El PSC de l’Hospitalet confunde permanentemente los servicios públicos municipales con un negocio. Es el vicio que han adquirido tras 40 años gobernando, que han acabado confundiendo la administración pública con su finca. Pero un servicio público no lo presta la administración con afán recaudatorio – para eso están los impuestos – sino porque es un servicio imprescindible por su valor social e interés general. En el caso de los servicios funerarios municipales es evidente: todos acabaremos requiriendo esos servicios. Y lo que es más grave, cuando tenemos que contratar estos servicios suele ser en uno de los momentos más dolorosos de nuestra vida, cuando hemos perdido a un ser querido.
Es difícil imaginar un acto de mayor vileza, de mayor falta de humanidad, que ocultarle a los ciudadanos la información de los servicios funerarios para arañar algún ingreso extra para las arcas municipales. La Ley sobre Servicios Funerarios y Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno obliga al Ayuntamiento a publicar de forma clara el Reglamento, el contrato de la concesión y los precios públicos del servicio municipal. El gobierno municipal de Núria Marín lo ha estado evitando porque al llevarse el 12% del negocio funerario da que pensar que prefiere que la gente no contrate, por ejemplo, el ‘Servicio Integral Epsilon’ que cubre féretro, furgón de recogida local, personal de recogida, sudario, enferetramiento, preparación del fallecido, materiales y vestimiento, certificados e impresos, la sala de velatorio, el uso de oratorio, el agenciado sepultura, recordatorios, tanatoestética y furgón de traslado al cementerio local, es decir, todo, por 1.742,45 €. Claro, lo que se ocasiona es que los usuarios contraten un servicio que cueste el triple, o el cuádruple, para acabar de cuadrar las cuentas municipales.
El año pasado el Ayuntamiento recaudó 755.861,87 € limpios del canon de los servicios funerarios municipales. Fue un mal año; en el 2014 sacaron 1.081.781,03 €, pero es que claro, después de que la Autoridad Catalana de la Competencia sancionara a finales de 2014 al Ayuntamiento de l’Hospitalet con una multa de 500.000 € por prácticas contrarias a la competencia, que consistían en impedir u obstaculizar que otras empresas funerarias pudieran prestar servicios de traslado de fallecidos, no han podido recaudar tanto. En este sentido, Cs lo tiene claro. Los servicios públicos no son un mecanismo de recaudación municipal, para eso están los impuestos. El Ayuntamiento tiene que velar para que los ciudadanos puedan acceder fácilmente a la información sobre los precios públicos y, el que lo desee, contratar el ‘Servicio Integral Epsilon’ que cuesta 1.742,45 €, y, el que se lo pueda permitir y lo considere oportuno, que contrate cualquier otra opción de las que brinda el mercado.
Artículo de opinión de Miguel García, portavoz de Cs en L’Hospitalet, publicado en El Llobregat
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